Bankia vende a Norman Foster por nueve millones la antigua sede de Altae

El proceso de desinversión de activos de Bankia sigue su curso como parte del plan de reestructuración de la entidad. Y en el mercado inmobiliario toca no solo promociones de viviendas y oficinas, sino también algún edificio de los más representativos de la cartera del grupo que preside José Ignacio Goirigolzarri.

Bankia cerró el pasado abril la venta de la antigua sede de Altae, la marca de su banca comercial hasta finales del año pasado, por unos 9,2 millones de euros a la sociedad Artvia Paed, propiedad del grupo Foster, del arquitecto británico Norman Foster, según fuentes conocedoras de la operación.

La transacción se ha completado casi un año después (el 7 de junio de 2012) de que Bankia diera luz verde a la venta del inmueble, según el acta del consejo, disponible en CincoDias.com. Entonces, la oferta que Bankia tenía encima de la mesa, también de Norman Foster, era de 14 millones de euros. Finalmente, la operación no llegó a buen puerto.

La consultora CB Richard Ellis era la consultora encargada de gestionar la operación con unos honorarios del 0,8% sobre el precio de venta.

El palacete, que se ubica en la calle Monte Esquinza número 48 de Madrid, albergaba hasta finales de 2011 la división de banca privada de Bankia. Actualmente, la plantilla de esta división trabaja en otras oficinas, situadas en la calle María de Molina, también en Madrid.

La operación, pese a la rebaja de precio, resultará rentable a Bankia, ya que generará unas plusvalías de unos 1,7 millones de euros. El valor contable del inmueble estaba fijado en 7,46 millones de euros. Tasamadrid estimó un valor de mercado de unos 13,6 millones de euros, según la tasación realizada en septiembre de 2011. La evolución del mercado inmobiliario en España desde entonces explica la rebaja de precio del inmueble.

Bankia absorbió su filial de banca privada, que aglutinaba los negocios de Altae (Caja Madrid) y Arcalia (Bancaja) en noviembre del año pasado, y sustituyó a Gustavo Rivero, que llegó a la entidad con Rodrigo Rato, por Jaime González Lasso de Vega, hasta entonces director de banca corporativa internacional. El volumen de negocio de banca privada de Bankia superaba entonces los 7.000 millones.

De los alrededor de 300.000 clientes que compraron preferentes o deuda subordinada de alguna de las siete cajas que dieron origen a la creación de BFA-Bankia, 104.567 ya han solicitado el arbitraje, según informó ayer la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri en un comunicado.

La Junta Nacional Arbitral de Consumo ha dictado ya los primeros 21 laudos, y todos ellos han sido favorables a los clientes. Seis han sido en la Comunidad de Madrid y 15 en la Comunidad Valenciana. “A partir de ahora se irán dictando nuevas resoluciones que afectarán a clientes de toda España”, asegura Bankia en una nota. El proceso para solicitar el arbitraje, que ha de hacerse en alguna de las sucursales de la entidad, arrancó el pasado 18 de abril y se extenderá hasta el próximo 30 de junio.

La entidad ha contratado a KPMG para decidir en qué casos se somete al arbitraje. De las solicitudes presentadas, cerca de 60.000 están en proceso de análisis. Y de estas3.117 están pendientes de que el cliente firme el convenio arbitral, proceso por el que se renuncia a la vía judicial.

Todos los afectados pueden de entrada solicitar el arbitraje, si bien fuentes financieras aseguran que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) calcula que en torno a la mitad de los afectados recuperará el dinero por esta vía. Tienen preferencia aquellos clientes con una inversión en preferentes o deuda subordinada inferior a los 10.000 euros. En caso de que KPMG deniegue la solicitud de arbitraje, el cliente puede acudir a la vía judicial. BFA-Bankia tiene 12 sentencias en contra, una a favor y tres reclamaciones archivadas. En espera, 1.122, según el informe de la Comisión de Seguimiento de Híbridos, publicado por este periódico la semana pasada.

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Calatrava, condenado a pagar 3,27 millones a Jovellanos XXI...

Chus NEIRA El magistrado del Juzgado de primera instancia número 10 de Oviedo, Pablo Martínez-Hombre, acaba de condenar a Santiago Calatrava a pagar a los gestores del Palacio de Congresos que el arquitecto valenciano diseñó en Buenavista un total de 3.272.659,46 euros por los fallos del edificio. En realidad, el juez da en parte la razón a los abogados del valenciano, que iniciaron la demanda para reclamar 7,28 millones que Jovellanos XXI les debía en concepto de honorarios. Sin embargo, también admite parcialmente la demanda que opusieron los abogados de la empresa asturiana, de forma que las indemnizaciones que Martínez-Hombre admite, por un valor de 10,55 millones, ofrecen un saldo a favor de Jovellanos XXI de 3,27 millones que habrá de abonar Calatrava.

El magistrado rechaza buena parte de las cuestiones planteadas por Jovellanos XXI, pero admite dos cuestiones que fundamentan la cuantía de las indemnizaciones: la inversión que la promotora del Palacio tuvo que realizar para rehacer el graderío tras el accidente de agosto de 2006, descontada la parte que cubrió el seguro (lo que hace un total de 3,46 millones) y los 6,95 millones que se invirtieron en la movilidad de una cubierta que, finalmente, tuvo que dejarse fija. Se suma, además, para llegar a los 10,55 millones, reparaciones de 140.000 euros en el muro curvo en el graderío.

La sentencia reconoce la deuda de honorarios que se estableció en el acuerdo de 9 de diciembre de 2008, y juzga que no ha lugar a anularla por no haberse cumplido el contrato. Sin embargo, no admite, como pretendían los abojavascript:cargarFckEditor('pTexto');gados de Calatrava, que en dicho documento se renunciara a reclamaciones como las ahora aceptadas, puesto que, tal y como sostuvo en su exposición final el abogado de Jovellanos XXI, Alberto Bernardo, en aquel documento había en realidad dos pactos y la resolución del contrato sólo afectaba a la parcela del Vasco, no a la de Buenavista. Resuelto este punto de partida, Martínez-Hombre rechaza que Calatrava no pueda cobrar por la dirección ejecutiva de la obra, puesto que, razona, «la propia conclusión del edificio implica necesariamente la existencia de una dirección de ejecución de obra».

También considera que «existieron importantes desviaciones presupuestarias», pero concluye que no era «función» de Calatrava controlar dicho gasto.

Existen varias cuestiones técnicas referidas al tipo de cimentación empleada en el Palacio y a distintas soluciones de acabado en varios de los niveles en las que Martínez-Hombre descarta las indemnizaciones solicitadas por Jovellanos XXI y da por buena la tesis de los abogados de Calatrava de que la empresa constructora aceptó estas cuestiones y que fueron decisiones tomadas según el espíritu de un proyecto que se modificó muchas veces.

En el derrumbe del graderío y en los gastos provocados para reconstruirlo, el magistrado «comparte plenamente» la sentencia que ya responsabilizó a Calatrava por el incumplimiento de labores de dirección de obra, y admite que el valenciano pague la parte que la aseguradora no cubrió.

En lo relativo a la visera, aunque admite que la decisión final de dejarla fija la tomó Jovellanos XXI, pero se pregunta, y acaba contestando favorablemente, «si estamos ante una situación a la que (la empresa) se ve obligada por unas circunstancias que no le son achacables». En síntesis, el juez considera que había «indefinición» en los elementos estructurales de la visera, que los problemas en la ejecución de los trabajos de soldadura se hubiesen podido evitar «si hubiese existido un seguimiento a pie de obra de los trabajos» y no con «visitas puntuales» y que, por más que el valenciano alegara en su defensa que se sustituyó un arco móvil de una sola pieza por otro de 32 tramos, es suya la responsabilidad de que ese sistema fracasara, ya que fue el propio arquitecto el que «aceptó una solución constructiva que evidentemente ha fracasado». Contra la sentencia, que condena a Calatrava a las costas, caben todavía recursos.

El Ayuntamiento pide más informes a Jovellanos XXI sobre la seguridad de la estructura

El concejal de Urbanismo José Ramón Pando informó hoy, al término de una comisión extraordinaria para tratar la situación del Palacio de Congresos de Buenavista, que el Ayuntamiento ha dado un plazo de treinta días a Jovellanos XXI para que aclare la situación del "arc de hormigón", un elemento que fue reforzado tras el accidente del graderío de 2006 y sobre el que reposa la cubierta del edificio. Según el informe de los técnicos municipales, este elemento presenta "unas condiciones estrictas en cuanto a los coeficientes de seguridad", por lo que, concluyen "la situación, sin ser alarmante, sí puede requerir atención".

En suma, el Ayuntamiento pide a Jovellanos XXI documentación del arco de apoyo tal y como se construyó finalmente, es decir, con el refuerzo, y exige, también un informe sobre qué medidas habría que tomar para reforzar este elemento "si al final resultara necesario". A pesar de estos requerimientos, Pando, que no quiso comentar la sentencia del número 10 que ha condenado a Calatrava a pagar 3,2 millones por los fallos en el Palacio, insistió en que la estructura "no presenta ningún problema de seguridad" y descartó que se vaya nunca a estudiar la movilidad de esta parte del edificio.

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